El Ministerio de Justicia avanza en el trámite legislativo de las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, base legislativa del proyecto Justicia 2030. Para la consecución de esta meta, se ha comenzado a trabajar en un ambicioso plan a diez años, que persigue configurar la Justicia como un servicio público con mejoras orientadas a los ciudadanos.
Ello se pretende conseguir a través de tres leyes que ya están algo avanzadas, la Ley de eficiencia procesal, ley de eficiencia organizativa para dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización.
Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y la tercera ya fue aprobada hace dos meses.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es otra demanda histórica que puede ser abordada este año. Justicia tiene en su agenda “aplicar esta reforma para implantar en España un modelo moderno y avanzado de proceso penal, reforzando el principio de imparcialidad judicial y el derecho de defensa, y armonizando nuestro modelo procesal con los más avanzados de nuestro entorno”,.
Justicia también está impulsando el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital y el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Otro de los puntos que se pretenden mejorar es la Igualdad de género por lo que se pretenden crear más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y extender su jurisdicción a dos o más partidos judiciales. Asimismo, podría aprobarse la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que tiene por objeto promover y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans, mediante el reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada, como exigencia de la dignidad humana y requisito para el libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, está previsto mejorar las condiciones de todas las personas que trabajan en el ámbito de Justicia. Así, con las nuevas leyes de eficiencia organizativa y eficiencia digital se les facilitará que puedan hacerlo de forma deslocalizada en sedes distintas a las que se encuentran adscritos como, por ejemplo, desde las Oficinas de Justicia en el Municipio. La ley de eficiencia procesal introduce diferentes medidas para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de la abogacía, procura y graduadas y graduados sociales.
Todas estas leyes y mejoras en definitiva lo que pretenden es mejorar el sistema de justicia español y abordar objetivos tendentes a la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género.