Cada vez más organizaciones implementan ISO 27001, pero muchas desconocen la ISO 27001 responsabilidad legal empresa que implica cumplir con esta norma. Un fallo en la gestión de datos, un proveedor mal contratado o una política de seguridad mal aplicada puede acabar en sanciones económicas, brechas de seguridad o conflictos contractuales.
En este webinar organizado junto a IDavinci, explicaremos qué exige realmente la ley cuando una empresa implementa el ISO 27001 y cómo evitar errores legales que ponen en riesgo el negocio.
Cuando un incidente de seguridad genera responsabilidad legal en la empresa
Imagina llegar a la oficina y descubrir que todos los archivos de la empresa han sido cifrados tras un ataque informático. Esto ocurrió a una empresa distribuidora de Vodafone en España cuando un atacante aprovechó credenciales por defecto en una red privada para acceder a los sistemas. Además del daño operativo, la investigación derivó en una sanción de miles de euros por vulneración de protección de datos. Casos como este demuestran que la seguridad tecnológica no es suficiente. Las empresas deben tener también una estructura legal sólida: políticas de seguridad firmadas, contratos con proveedores adecuados, control de licencias de software o protocolos para gestionar datos personales. Sin esta base jurídica, una auditoría o una brecha de seguridad puede convertirse en un problema legal grave.
ISO 27001: más que una tecnología, una cuestión jurídica
La norma ISO 27001 establece un sistema de gestión de seguridad de la información basado en controles, políticas y procesos para proteger los datos de una organización. Sin embargo, muchos de estos controles tienen implicaciones legales directas.
Por ejemplo, las empresas deben contar con:
Políticas de seguridad de la información firmadas y comunicadas a los empleados.
Cumplimiento de normativa aplicable, como RGPD o legislación sectorial.
Contratos con proveedores que incluyan cláusulas de seguridad y confidencialidad.
Gestión adecuada de los datos personales y protocolos de brechas de seguridad.
Cláusulas de confidencialidad y seguridad en los contratos laborales.
Si estos elementos no están correctamente implementados, una organización puede pensar que cumple con la norma, cuando en realidad sigue expuesta a sanciones o responsabilidades legales.
La ISO 27001 y la responsabilidad legal de la empresa están cada vez más conectadas. La tecnología protege los sistemas, pero el cumplimiento normativo protege a la empresa frente a inspecciones, reclamaciones o litigios.
Webinar sobre ISO 27001 responsabilidad legal en la empresa
Para ayudar a las empresas a comprender estos riesgos, UB Consultores e IDavinci organizan un webinar especializado sobre ISO 27001 y responsabilidad legal en la empresa.
Durante la sesión se abordarán cuestiones clave como:
Qué controles de ISO 27001 requieren revisión jurídica.
Qué obligaciones legales debe cumplir una empresa para evitar sanciones.
Cómo gestionar proveedores, empleados y servicios cloud desde el punto de vista legal.
Qué documentación debe existir para demostrar diligencia ante una inspección o incidente de seguridad.
La Inspección de Trabajo es una de las mayores preocupaciones para empresas y autónomos en España. Puede llegar sin previo aviso y, si no estás preparado, derivar en sanciones económicas importantes que afectan directamente a la viabilidad del negocio.
Asesoramiento legal ante una Inspección de Trabajo
Muchas inspecciones no se producen por grandes irregularidades, sino por pequeños errores laborales o administrativos que pasan desapercibidos en el día a día. Por eso, conocer cómo funciona la Inspección y qué suele revisar es clave para prevenir problemas.
En este artículo te explicamos de forma clara y práctica qué es una Inspección de Trabajo, qué revisan los inspectores, qué sanciones pueden imponerte y cómo prepararte correctamente como empresa o autónomo, desde el punto de vista de un despacho de abogados laboralistas.
¿Qué es una Inspección de Trabajo?
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el organismo público encargado de vigilar que empresas y autónomos cumplan con la normativa laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
Su función principal es comprobar que las relaciones laborales se ajustan a la ley y que no existen situaciones irregulares que perjudiquen a trabajadores, a la Seguridad Social o a la propia Administración.
Una Inspección de Trabajo puede iniciarse:
Por denuncia de un trabajador o extrabajador
De oficio por la propia Inspección
Tras un accidente laboral o baja médica
Por cruces de datos con la Seguridad Social o Hacienda
En muchos casos, la empresa no recibe aviso previo, por lo que es fundamental estar preparada en todo momento.
¿Qué suele revisar la Inspección de Trabajo?
El alcance de una Inspección de Trabajo depende del motivo que la origine, pero existen una serie de aspectos que los inspectores revisan con mayor frecuencia.
Entre los más habituales se encuentran:
Contratos de trabajo y su adecuación a la jornada real desempeñada
Altas, bajas y cotizaciones en la Seguridad Social
Horarios laborales y sistemas de control de jornada
Pago correcto de salarios, nóminas y complementos
Situaciones de falsos autónomos
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
Subcontrataciones y posibles cesiones ilegales de trabajadores
Es importante tener en cuenta que un error aparentemente menor puede derivar en una infracción, especialmente si se detecta de forma reiterada o afecta a varios trabajadores.
Sanciones más habituales de la Inspección de Trabajo
Las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo varían en función de la gravedad de la infracción, del número de trabajadores afectados y de si existe reincidencia.
De forma general, las infracciones se clasifican en:
Leves: desde 70 € hasta 750 €
Graves: desde 751 € hasta 7.500 €
Muy graves: desde 7.501 € hasta más de 200.000 €
Además de la sanción económica, la Inspección puede exigir:
El pago de cuotas atrasadas a la Seguridad Social
Recargos e intereses
La regularización inmediata de la situación laboral
En muchos casos, una correcta actuación inicial y el asesoramiento de un abogado laboralista puede reducir o incluso evitar la sanción.
Qué hacer si recibes una Inspección de Trabajo
Recibir una Inspección de Trabajo genera tensión, pero la forma en la que se actúa desde el primer momento es determinante.
Si un inspector se persona en tu empresa:
Mantén la calma y colabora de forma respetuosa
Solicita la identificación del inspector
Facilita únicamente la información solicitada
Anota los documentos y datos requeridos
Consulta con un abogado laboralista antes de responder a requerimientos posteriores
Evitar improvisaciones y respuestas precipitadas es clave para no agravar la situación.
Errores frecuentes de empresas y autónomos
Gran parte de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo podrían haberse evitado con una correcta revisión previa.
Algunos errores frecuentes son:
Pensar que “siempre se ha hecho así” y no revisar la situación legal actual
Mantener contratos antiguos sin adaptar a la realidad laboral
No llevar correctamente el registro de jornada
Intentar justificar irregularidades una vez iniciada la Inspección
No contar con asesoramiento de un despacho de abogados especializado
La prevención es siempre más económica y eficaz que la sanción.
¿Cuándo acudir a un abogado laboralista?
Contar con el apoyo de un abogado laboralista no debe limitarse únicamente a cuando existe una sanción.
Es recomendable acudir a un abogado:
Antes de recibir una Inspección de Trabajo, para realizar una auditoría preventiva
Cuando se recibe un requerimiento de información
Si existe una denuncia previa de un trabajador
Para recurrir actas de infracción o sanciones
Un asesoramiento legal adecuado puede marcar la diferencia entre una advertencia y una sanción grave.
Cómo te ayudamos desde Grupo UB Consultores
En Grupo UB Consultores, despacho de abogados laboralistas, asesoramos a empresas y autónomos en todas las fases relacionadas con la Inspección de Trabajo.
Nuestros servicios incluyen:
Auditoría laboral preventiva
Revisión de contratos y documentación laboral
Acompañamiento durante la Inspección de Trabajo
Respuesta a requerimientos y actas
Defensa y recurso frente a sanciones
Si eres empresa o autónomo y has recibido una Inspección de Trabajo, o quieres prevenir posibles sanciones, contacta con nuestro equipo de abogados para una primera valoración de tu caso.
La nueva obligación fiscal que iba a revolucionar la facturación empresarial en España tenía fecha de entrada en vigor en enero de 2026. Sin embargo, a finales de 2025, el Gobierno decidió posponer su aplicación un año más. Verifactu no ha desaparecido: sigue siendo obligatoria y las empresas deben prepararse. En este artículo te explicamos en qué consiste, qué cambia tras el aplazamiento y cómo anticiparte sin perder tiempo ni recursos.
Las empresas deben adaptar sus sistemas de facturación a Verifactu antes de 2027 para cumplir con la normativa fiscal.
Durante meses, miles de empresas y autónomos se preparaban para cumplir con Verifactu en 2026. La publicación del Real Decreto-ley 15/2025, a finales de año, trajo un respiro temporal, pero no una exoneración. Verifactu llegará, y hacerlo bien desde ahora marcará la diferencia entre cumplir con garantías o enfrentarse a sanciones y caos operativo.
Qué es Verifactu y por qué se implanta
Verifactu es el nombre con el que se conoce al nuevo Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RSIF), aprobado para reforzar el control fiscal en las empresas. Su función principal es garantizar que todas las facturas emitidas sean íntegras, trazables e inalterables, generando un registro digital que puede enviarse a Hacienda en tiempo real.
Este sistema nace con un objetivo claro: combatir el fraude fiscal mediante tecnología. Cada factura registrada incorporará un código QR y una firma digital, y podrá compartirse con la Agencia Tributaria de forma automática si la empresa opta por el modo Verifactu. Aunque este envío es voluntario, el uso de un software adaptado al reglamento es obligatorio.
Diferencias entre Verifactu y la factura electrónica
Es habitual confundir Verifactu con la factura electrónica, pero no son lo mismo. Mientras que la factura electrónica implica un formato digital que sustituye al papel y requiere firma electrónica, Verifactu es un sistema que regula cómo se generan y almacenan los datos fiscales de las facturas, independientemente de su formato.
Verifactu obliga a usar programas de facturación homologados, con ciertas funcionalidades técnicas, como la imposibilidad de modificar facturas una vez emitidas o la conservación de registros de forma segura. No sustituye a la factura electrónica, sino que la complementa. De hecho, ambas normativas convivirán en el futuro.
Qué cambia con el nuevo calendario de aplicación
Originalmente, todas las empresas con personalidad jurídica estaban obligadas a aplicar Verifactu a partir del 1 de enero de 2026, y los trabajadores por cuenta propia desde julio del mismo año. Este calendario marcó durante meses la agenda de desarrolladores, asesores fiscales y departamentos financieros.
No obstante, el Real Decreto-ley 15/2025, aprobado en diciembre, concedió un año más de plazo. Así, las sociedades deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2027, y los autónomos, antes del 1 de julio de ese mismo año. El motivo: dar más margen ante la falta de soluciones estables y la presión técnica que implicaba su implementación.
Cómo prepararse y qué puede hacer Grupo UB Consultores por tu empresa
La mejor estrategia ante Verifactu es anticiparse. Revisar el software actual, verificar si cumple los requisitos técnicos, consultar con un experto fiscal y elegir un proveedor homologado son pasos imprescindibles. Además, es aconsejable formar al equipo administrativo para facilitar la transición.
En Grupo UB Consultores acompañamos a las empresas en todo este proceso. Desde el análisis de su sistema de facturación hasta la implantación de soluciones compatibles y el asesoramiento fiscal continuo. Nuestro enfoque es preventivo, personalizado y adaptado a cada sector. Si tu empresa aún no se ha preparado, ahora es el momento de actuar.
Desde el 12 de diciembre de 2025, Zaragoza ha puesto en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Casco Histórico. Esta nueva medida restringe la circulación de vehículos sin distintivo ambiental en determinados horarios y zonas, bajo sanciones de hasta 200 €. En este artículo, desde UB Consultores te explicamos con claridad qué vehículos pueden circular, cuáles son los trámites obligatorios, cómo recurrir posibles multas y qué excepciones contempla la normativa. Una guía jurídica imprescindible para residentes, empresas y autónomos que necesitan moverse legalmente por la ciudad.
Zonas afectadas por la ZBE de Zaragoza: el perímetro está delimitado por el Ayuntamiento y restringe el acceso a vehículos sin distintivo ambiental.
¿Qué es la ZBE de Zaragoza y qué zonas abarca?
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza se ha activado en el Casco Histórico, delimitada por calles como el paseo Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda o plaza Santo Domingo. Esta medida responde a una obligación legal estatal y europea para mejorar la calidad del aire, y afecta especialmente a los vehículos antiguos sin distintivo ambiental.
¿Qué vehículos pueden o no pueden acceder?
Las restricciones afectan a vehículos gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006, es decir, los que carecen de distintivo ambiental de la DGT. Por el contrario, los vehículos con etiquetas B, C, ECO o Cero pueden circular libremente. Para evitar sanciones, es crucial verificar el tipo de distintivo y colocarlo de forma visible en el parabrisas delantero.
Horarios de aplicación y margen de error
La ZBE de Zaragoza funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00. Fuera de ese horario y durante fines de semana, todos los vehículos pueden circular sin restricciones. En caso de acceso accidental, existe un margen de 15 minutos para abandonar la zona sin recibir sanción. Este periodo de cortesía es especialmente útil para visitantes o profesionales que no conocen bien el perímetro.
¿Cuáles son las multas y cómo recurrirlas?
Circular por la ZBE sin cumplir los requisitos puede conllevar una multa de hasta 200 euros, que se reduce a 100 € por pronto pago. También se sanciona no exhibir el distintivo teniendo derecho a él. Ante una sanción, el conductor puede presentar alegaciones o recurso en el plazo legal. En UB Consultores analizamos cada caso para valorar errores de forma o fondo y defender tus derechos frente a la administración.
Excepciones legales y cómo solicitarlas
Existen supuestos en los que se permite el acceso a la ZBE sin distintivo ambiental. Entre ellos están los residentes en la zona, personas con movilidad reducida, vehículos de emergencias, servicios esenciales o con acceso a garajes privados. Para beneficiarse de estas excepciones, es necesario registrarse previamente en el Ayuntamiento de Zaragoza y acreditar documentalmente la situación.
Vehículos de empresa y autónomos: cómo adaptarse legalmente
Las restricciones de la ZBE también afectan a vehículos comerciales y profesionales. Autónomos y empresas con flotas antiguas deben valorar si solicitar autorizaciones especiales, renovar vehículos o adaptar rutas. En UB Consultores asesoramos sobre cómo minimizar el impacto legal y económico de estas restricciones, y acompañamos en la gestión de permisos y justificaciones ante la administración.
Trámites obligatorios ante el Ayuntamiento de Zaragoza
Cualquier vehículo que quiera acogerse a una excepción o circular sin distintivo debe realizar el registro en la plataforma municipal. El trámite puede hacerse de forma telemática o presencial, y requiere aportar documentación como el permiso de circulación, justificantes de residencia o certificados médicos. Desde UB Consultores te ayudamos a preparar y presentar correctamente estos trámites para evitar sanciones innecesarias.
Recomendaciones legales de UB Consultores
La entrada en vigor de la ZBE de Zaragoza implica nuevas obligaciones que pueden afectar a tu día a día. Desde UB Consultores recomendamos revisar si tu vehículo está afectado, realizar los trámites pertinentes cuanto antes y conservar justificantes por si fuera necesario recurrir sanciones. Nuestro equipo jurídico está preparado para ayudarte con gestiones administrativas, alegaciones y asesoramiento legal personalizado.
¿Tienes dudas sobre la ZBE? Agenda una consulta gratuita con nosotros y evita riesgos legales.
Recibir una herencia puede parecer un trámite sencillo: un legado, unos bienes… sin embargo, detrás de ese aparente “regalo” pueden esconderse deudas, impuestos elevados o decisiones que condicionen tu patrimonio. Con la reciente doctrina sobre aceptación tácita de herencias, es más importante que nunca conocer bien los riesgos y obligaciones. En este artículo —escrito desde la perspectiva de un abogado experto en herencias— explicamos qué implica aceptar o renunciar a una herencia, cuándo se entiende que ya la has aceptado, cómo funcionan los impuestos y qué precauciones debes tomar antes de mover un solo euro.
¿Qué es una herencia? — Activos, deudas y derechos transmisibles
El concepto de herencia implica que tras el fallecimiento de una persona se transmiten sus bienes, derechos y obligaciones (incluidas deudas) a sus herederos.
Por tanto, aceptar una herencia no significa solo recibir un patrimonio positivo: también puedes heredar cargas económicas o deudas pendientes. Esa dualidad convierte el proceso sucesorio en un procedimiento delicado que debe abordarse con cautela.
Además, pueden existir diferentes formas de reparto: mediante testamento o, en su defecto, a través de la sucesión legal. En muchos casos, hay que respetar figuras como la legítima, que protege a ciertos familiares como hijos o cónyuges.
Aceptar o renunciar a una herencia: opciones y consecuencias
Cuando eres llamado a una herencia, tienes principalmente dos opciones —y una intermedia en ciertos casos—: aceptar, renunciar o aceptar a beneficio de inventario.
Aceptar la herencia “a beneficio de inventario”: Esta modalidad protege al heredero, ya que permite aceptar la herencia solo si los bienes superan las deudas. Así, no se responde con el patrimonio personal.
Aceptar la herencia en forma simple (pura y simple): Implica asumir tanto los bienes positivos como las deudas y obligaciones.
Renunciar a la herencia: La renuncia debe formalizarse ante notario. Es clave realizarla antes de realizar cualquier acto que implique aceptación.
Esta decisión debe tomarse de forma consciente, informada y siempre con respaldo legal para evitar errores irreversibles.
Aceptación tácita de la herencia: por qué retirar dinero puede ser un error
En los últimos años, Hacienda y los tribunales han confirmado que retirar fondos de una cuenta del fallecido —incluso si era una cuenta compartida— puede interpretarse como aceptación tácita de la herencia.
Esto quiere decir que, aunque no se haya firmado nada, el simple hecho de mover dinero de la cuenta del fallecido activa automáticamente las consecuencias legales de la aceptación.
Y lo más importante: una vez aceptada, la herencia no puede ser rechazada. La aceptación es irrevocable.
Por eso es fundamental no realizar ningún movimiento bancario ni disposición de bienes antes de tener claro el alcance de la herencia y haber tomado una decisión legalmente válida.
Impuestos: herencias y tributos que debes tener en cuenta
En España, la transmisión por herencia está gravada por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).
Este impuesto grava los bienes y derechos que recibes por herencia, y debe liquidarse en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento, aunque se puede solicitar una prórroga.
Su cuantía depende de varios factores:
El valor de los bienes heredados.
El grado de parentesco con el fallecido.
Las bonificaciones y reducciones fiscales aplicables en la comunidad autónoma donde residía el causante.
Por ejemplo, comunidades como Madrid o Andalucía tienen bonificaciones que prácticamente eliminan el impuesto entre padres e hijos, mientras que en otras regiones la carga fiscal puede ser elevada.
Un error frecuente es tomar dinero de una cuenta heredada para pagar el impuesto o cubrir gastos sin haber liquidado aún el ISD. Este acto puede interpretarse como aceptación tácita y generar sanciones.
Trámites esenciales al gestionar una herencia
Gestionar correctamente una herencia requiere seguir una serie de pasos:
Certificado de defunción y certificado de últimas voluntades.
Localización del testamento, si lo hay.
Declaración de herederos en caso de que no exista testamento.
Inventario del patrimonio: inmuebles, cuentas, vehículos, acciones, seguros, deudas…
Decisión sobre la aceptación (simple, con beneficio de inventario o renuncia).
Liquidación del Impuesto de Sucesiones.
Escritura de adjudicación de herencia.
Cambio de titularidad de los bienes.
Cada uno de estos pasos puede tener implicaciones jurídicas y fiscales importantes, por lo que es aconsejable contar con asesoramiento legal desde el primer momento.
Por qué contar con asesoramiento especializado
Aceptar o renunciar a una herencia parece una decisión simple, pero en realidad implica múltiples factores legales, fiscales y patrimoniales.
Un abogado especializado puede ayudarte a:
Estudiar el valor real del patrimonio y las deudas.
Analizar los beneficios fiscales aplicables.
Proteger tus intereses si hay más herederos.
Evitar errores como la aceptación tácita.
Elaborar correctamente la documentación necesaria.
Además, en situaciones con inmuebles, empresas familiares, cuentas en el extranjero o herencias complejas, el riesgo de cometer errores aumenta. Un mal paso puede costar miles de euros.
Casos reales que muestran la importancia de actuar bien asesorado
Recientemente, un caso resuelto por el TEAC confirmó que un heredero que transfirió dinero de una cuenta compartida —aunque luego intentó devolverlo y renunciar formalmente a la herencia— fue considerado heredero a todos los efectos.
La administración le exigió el pago completo del Impuesto de Sucesiones, y su renuncia posterior fue anulada.
Este tipo de situaciones ocurren con más frecuencia de lo que parece, y muchas veces derivan de decisiones tomadas sin conocimiento jurídico. Por eso es fundamental no actuar sin consultar antes con un abogado especializado.
Cómo puede ayudarte Grupo UB Consultores
En Grupo UB Consultores llevamos más de 40 años ayudando a familias, particulares y profesionales a gestionar herencias con total seguridad jurídica.
Te ayudamos a:
Revisar el patrimonio y deudas del fallecido.
Valorar si conviene aceptar o renunciar.
Evitar la aceptación tácita por desconocimiento.
Calcular el impuesto de sucesiones.
Tramitar todos los documentos necesarios ante Hacienda, notaría y registros.
Mediar en herencias con varios herederos o situaciones conflictivas.
Además, ofrecemos una primera consulta gratuita para orientarte sin compromiso. Sabemos que estos procesos son sensibles y a veces urgentes. Por eso trabajamos con cercanía, empatía y profesionalidad.
¿Has heredado o estás a punto de hacerlo? En Grupo UB Consultores te ofrecemos asesoramiento completo, personalizado y profesional. Contacta con nosotros para una primera consulta sin compromiso. Tranquilidad, seguridad jurídica y acompañamiento en cada paso.
Además, si eres artista, creador, gestor cultural o trabajas en el sector audiovisual, en Legal&Arts – Abogados Culturales somos expertos en herencias específicas del ámbito creativo: derechos de autor, propiedad intelectual y patrimonio artístico.
Si eres propietario y estás pensando en alquilar tu vivienda, esta guía es para ti. El alquiler para propietarios plantea dudas frecuentes: ¿larga estancia o alquiler turístico?, ¿qué licencias necesito?, ¿debo declarar los ingresos? En este artículo de Grupo UB Consultores te explicamos las claves legales para alquilar con tranquilidad, rentabilidad y seguridad.
Alquiler turístico o de larga estancia: decisiones legales clave para propietarios
Para un propietario, elegir entre el alquiler de larga estancia o el alquiler turístico puede marcar la diferencia entre estabilidad, rentabilidad y riesgo. En Grupo UB Consultores analizamos en este artículo las cuestiones fundamentales: licencias, normativa, contratos, precios, ventajas e inconvenientes, para que la decisión esté respaldada por asesoramiento profesional y legal.
1. Alquiler turístico: normativa y licencias que el propietario debe conocer
El alquiler turístico —también denominado vivienda de uso turístico (VUT) o de corta duración— ha experimentado un endurecimiento normativo en España en los últimos años. Es fundamental conocer los requisitos para no incurrir en sanciones y proteger la inversión.
Licencia y registro obligatorio
En muchas comunidades autónomas es obligatorio contar con una licencia/tipo de autorización para explotar una vivienda como alquiler turístico.
Desde el 1 de julio de 2025, en España entra en vigor el Real Decreto 1312/2024 que establece el procedimiento del “Registro Único de Arrendamientos” para viviendas turísticas.
La vivienda debe inscribirse en el registro oficial, con asignación de un número de registro que debe aparecer en todos los anuncios.
Requisitos técnicos y de habitabilidad
Debe cumplir la normativa autonómica/local de habitabilidad, superficie mínima, ventilación, instalaciones seguras, equipamiento mínimo.
Puede exigirse seguro de responsabilidad civil, certificado de eficiencia energética, licencia de primera ocupación u otros documentos.
Sanciones y riesgos de operar sin licencia
Operar sin cumplir los requisitos puede dar lugar a multas elevadas, confiscación de ingresos, cierre del alojamiento o eliminación de los anuncios en plataformas.
Las comunidades pueden imponer cupos, suspender nuevas licencias o establecer zonas tensionadas.
Ventajas del alquiler turístico
Mayor rentabilidad por noche y flexibilidad de uso.
Buena opción para zonas turísticas o bien ubicadas.
Desventajas
Más carga de gestión, fiscalidad compleja y riesgos legales.
2. Alquiler de larga estancia: estabilidad y contrato para el propietario
Duración y prórrogas
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece un mínimo de 5 años (personas físicas) o 7 (jurídicas) para los contratos de vivienda habitual.
Contrato y renta
Debe formalizarse por escrito e incluir: duración, renta, fianza, actualizaciones, mantenimiento, causas de resolución.
El propietario debe realizar un estudio previo de solvencia del inquilino y documentar todas las condiciones.
Ventajas
Ingresos estables y menor exposición a sanciones.
Desventajas
Menor flexibilidad y rentabilidad limitada en zonas de alta demanda.
3. Precios orientativos y análisis económico
Alquiler de larga estancia: renta media estable, costes fijos previsibles. Alquiler turístico: ingresos variables, más gastos (limpieza, gestión, vacancias). Comparar ambos requiere considerar ubicación, demanda, perfil del propietario y objetivos financieros.
4. Contratos y cláusulas clave
Contrato de larga estancia
Datos completos, duración, renta, fianza, mantenimiento, inspecciones, resolución anticipada.
Contrato turístico
Datos, licencia, duración, condiciones, normas de uso, fianza, normativa aplicable.
5. Recomendaciones para propietarios
Estudiar bien la normativa autonómica.
Calcular rentabilidad real y costes.
Redactar contratos seguros.
Asesorarse antes de tomar decisiones.
6. ¿Qué hacer si el inquilino no paga? Guía legal para propietarios
1. Comunicación inmediata para intentar resolver. 2. Requerimiento formal de pago (burofax). 3. Demanda de desahucio por impago: permite recuperar la vivienda y reclamar la deuda. 4. Posibilidad de enervación: el inquilino puede pagar toda la deuda antes del juicio una sola vez. 5. Juicio de desahucio: se tramita en 3 a 6 meses si está bien fundamentado. 6. Recuperación de la vivienda y reclamación de rentas. 7. Prevención: contrato con cláusulas claras y garantías reforzadas.
7. ¿Por qué confiar en Grupo UB Consultores?
Ofrecemos:
Asesoramiento sobre alquiler turístico o de larga estancia.
Redacción de contratos y tramitación de licencias.
Gestiones fiscales, legales y judiciales.
Defensa frente a impagos o conflictos.
Si eres propietario y buscas asesoramiento seguro, contacta hoy con Grupo UB Consultores. Protege tu inversión y gana tranquilidad.
El compliance ya no es solo cosa de grandes corporaciones. En 2025, cualquier empresa —incluso una pyme o un autónomo— puede enfrentarse a sanciones si no tiene implantadas medidas mínimas de cumplimiento normativo. Es hora de verlo como algo más que “regulaciones que cumplir”: es parte de tu estrategia de negocio, reputación y crecimiento.
Cumplir la normativa en 2025 es una necesidad para empresas de todos los tamaños
¿Qué es el compliance empresarial?
EL corporate compliance, en esencia, consiste en el conjunto de políticas, procedimientos y controles diseñados para garantizar que una organización actúa conforme a la ley, los valores éticos que ha establecido y las expectativas de sus grupos de interés. Pero en el entorno actual, ese mandato se traduce en algo concreto: prevenir delitos (como el fraude o el blanqueo), proteger datos, gestionar riesgos laborales, asegurar que la cadena de suministro actúa con transparencia, y prever que todo se documente y audite, porque los ojos regulatorios ya no solo supervisan “qué tienes”, sino “cómo lo haces”. Además, nuevas normas internacionales como la ISO 37302:2025 ofrecen directrices para medir la efectividad de un sistema de compliance, lo que confirma que el cumplimiento ya no es solo un escudo legal sino un activo.
Por qué debemos prestarle atención
Olvidar este tema no es una opción. Las investigaciones más recientes destacan que las pymes ya son objetivo, no solo las grandes empresas. La responsabilidad penal de la persona jurídica, los canales de denuncia obligatorios, los estándares ESG y una fiscalidad cada vez más exigente son marcas de este nuevo escenario. Tener un plan de compliance bien diseñado puede actuar como atenuante —o incluso eximente— de responsabilidad penal, si se demuestra su funcionamiento efectivo. Pero ojo: no basta con tener “algo” en papel. El regulador revisa resultados, no solo promesas.
Qué novedades trae 2025 para tu empresa
Este año señala un punto de inflexión porque se consolidan tres realidades:
El “compliance” deja de ser opcional para convertirse en factor de competitividad.
Las exigencias son mayores: reportes ESG, diligencia en proveedores, transparencia en datos…
Las pymes deberán adaptar sus estructuras con la misma urgencia que entidades más grandes. Por ejemplo, a través de la norma ISO 37302:2025, ya se recomienda evaluar y medir la eficacia del sistema de compliance mediante métricas estandarizadas. También, la directiva sobre protección del informante (“whistleblowing”) implica contar con canales internos y supervisión para empleados y terceros.
Riesgos reales de no adaptar tu empresa
Cuando una organización no actúa o actúa mal, los riesgos no se limitan a una multa. Pueden incluir: sanciones millonarias, pérdida de subvenciones, imposibilidad de contratar con el sector público, daño reputacional irreparable, e incluso paralización de actividad. Si una empresa pone como excusa “no sabíamos”, “no teníamos plan” o “no teníamos personal”, eso ya no vale. El enfoque regulador es el de: “¿tenías y funcionaba?” El mensaje es claro: el cumplimiento no es sólo cumplir una norma, es fundamentar tu negocio con seguridad.
Cómo diseñar e implementar un programa de compliance adaptado (y útil)
El camino empieza por preguntarse: ¿qué podría ir mal en mi empresa, en mi sector, mañana? Analizar riesgos reales (penales, laborales, medioambientales, tecnológicos) a menudo revela cuestiones que no hemos querido ver. A partir de ahí se construye:
Un mapa de riesgos que tenga en cuenta proveedores, procedimientos y estructura de gobierno.
Un manual o código de conducta que marque lo que está permitido y lo que no, quién vigila y qué pasa en incumplimientos.
Un responsable de cumplimiento (compliance officer) que supervise que el sistema funciona.
Formación para todos (desde directivos hasta operarios), porque el cumplimiento es cultura, no solo normas.
Evaluación periódica y auditorías internas que muestren evidencias de que “esto funciona”. Las normas ISO‑37302 indican que ya no basta con tener el sistema: hay que demostrar eficacia.
Integración de tecnología para gestión documental, seguimiento de proveedores, trazabilidad de datos… El mundo digital exige control digital.
Beneficios que van más allá de evitar multas
Un buen programa de compliance aporta resultados tangibles para la empresa: mejora de reputación corporativa, mayor confianza de clientes, acceso más sencillo a licitaciones, optimización de seguros, reducción de fraudes. También mejora el clima interno, la motivación de equipo y la estructura organizativa. En resumen, implementar compliance no debe verse como coste, sino como inversión.
En 2025, conducir sin seguro no es tan viable como antes. Lo mismo sucede con las empresas que operan sin un plan de compliance serio: puede que nada pase… pero cuando pase, el impacto será mayúsculo. En Grupo UB Consultores ayudamos a empresas, pymes y startups a diseñar, implantar y revisar su sistema de compliance, para que crezcan con seguridad y sin sobresaltos. Escribe hoy, y te guiamos por dónde empezar.
Cuando una pareja con hijos menores se separa, una de las decisiones más importantes gira en torno a la custodia. ¿Con quién vivirán los menores? ¿Qué tipo de custodia se adapta mejor a su bienestar? En este artículo repasamos los distintos tipos de custodia legalmente reconocidos en España y los factores que influyen en su elección.
Existen diferentes tipos de custodia según el caso, siempre pensando en el bienestar del menor.
Cuando una pareja con hijos menores se separa, una de las decisiones más importantes gira en torno a los tipos de custodia de menores que pueden aplicarse. ¿Qué opciones existen legalmente? ¿Cuál garantiza el mayor bienestar para los hijos? ¿Cómo se decide?
En este artículo explicamos los tipos de custodia de menores reconocidos en España, sus implicaciones legales y los factores que los jueces tienen en cuenta para determinar la opción más adecuada en cada caso.
¿Qué es la custodia de menores?
Breve definición: guarda y cuidado diario de los menores, distinta de la patria potestad. Diferencias entre custodia y patria potestad:
Custodia = convivencia y atención diaria
Patria potestad = decisiones importantes (educación, salud, etc.)
Tipos de custodia en España
1. Custodia compartida
Ambos progenitores reparten el tiempo y responsabilidades
Modalidades:
Con domicilio fijo (rotan los padres)
Con cambio de domicilio (rotan los menores)
Por igual o diferente tiempo
Tendencia creciente, considerada opción prioritaria si hay buena relación y colaboración
2. Custodia exclusiva o monoparental
Uno de los progenitores convive habitualmente con los hijos
El otro ejerce derecho de visitas
Puede implicar pensión de alimentos
Es la forma tradicional más habitual
3. Custodia partida o distributiva
Cada progenitor se queda con uno o varios hijos
Excepcional: solo se aplica si es lo mejor para los menores
El principio general es no separar hermanos
4. Custodia atribuida a un tercero
Casos graves (maltrato, abandono…)
La custodia se asigna a abuelos, familiares o instituciones
Siempre en interés superior del menor
¿Qué se tiene en cuenta para decidir la custodia?
Interés superior del menor (principio rector)
Relación entre los progenitores
Estabilidad emocional y material
Opinión del menor (si tiene madurez suficiente)
Disponibilidad y horarios de los progenitores
Lugar de residencia, entorno escolar, red familiar
¿Se puede modificar la custodia?
Sí, si cambian las circunstancias.
Requiere demanda de modificación de medidas
Debe justificarse que el cambio favorece al menor
Puede incluir cambios en el régimen de visitas o en la patria potestad
En los procesos de separación o divorcio con hijos, la custodia es una de las decisiones más sensibles y complejas. En Grupo UB Consultores ayudamos a las familias a encontrar soluciones equilibradas, siempre desde el rigor jurídico y pensando en el bienestar del menor.
¿Tienes dudas sobre tu caso? Escríbenos. Primera consulta gratuita.
El Black Friday es sinónimo de descuentos, ventas online y campañas agresivas. Pero también es un momento en el que muchas marcas cometen errores legales en Black Friday que pueden costarles caro: desde colaboraciones sin contrato con influencers hasta incumplimientos en devoluciones y condiciones de venta online. En este artículo te contamos los errores legales Black Friday más frecuentes… y cómo evitarlos con asesoramiento profesional.
Evita que una campaña de Black Friday termine en reclamaciones o sanciones: la legalidad también forma parte de tu estrategia de ventas.
Cada noviembre, miles de marcas se lanzan a captar clientes con campañas de Black Friday. Descuentos, sorteos, promociones cruzadas… todo vale para vender más. Pero ¿vale legalmente? No siempre.
Las prisas por vender pueden llevar a errores legales en Black Friday que salen caros: publicidad engañosa, webs sin condiciones claras, colaboraciones sin contrato o reclamaciones masivas de consumidores. Y todo por no revisar bien los detalles legales antes de lanzar.
Si vas a vender en Black Friday, asegúrate de hacerlo con la ley de tu lado. Aquí te contamos los errores más frecuentes que cometen empresas y marcas… y cómo evitarlos.
Promociones ilegales: la trampa de los falsos descuentos
Durante el Black Friday, muchas empresas aplican estrategias agresivas de venta. Pero ojo: subir el precio justo antes para luego “bajarlo” es ilegal. Esta práctica, conocida como “precio inflado”, está sancionada por la Ley de Competencia Desleal y puede acarrear multas considerables.
La normativa exige que el precio anterior (el “tachado”) sea real y haya estado vigente durante al menos 30 días antes del descuento. Inflarlo artificialmente para simular una rebaja vulnera los derechos del consumidor y puede ser denunciado ante las autoridades de consumo.
Organizaciones como la OCU y las comunidades autónomas vigilan estas prácticas. Algunas incluso cuentan con observatorios de precios para detectar fraudes.
Consejo UB: Asegura que tus promociones reflejen descuentos reales y documenta los precios anteriores para evitar reclamaciones.
Términos y condiciones poco claros en tiendas online
Un e-commerce debe tener su base legal en orden, especialmente en periodos como el Black Friday, donde las ventas y reclamaciones se multiplican. Es obligatorio que tu web cuente con:
Aviso legal
Política de privacidad conforme al RGPD
Política de cookies con panel de configuración
Condiciones generales de compra bien redactadas
Las condiciones deben incluir:
Plazos y costes de envío
Política de devoluciones y desistimiento
Garantías legales
Forma de pago y facturación
Y si vendes fuera de España, debes tener en cuenta la normativa europea (en el caso de la UE) o adaptarte a las condiciones de consumo internacionales.
Consejo UB: No copies textos genéricos. Adapta tu legalidad online a tu modelo de negocio con ayuda profesional.
Dropshipping en Black Friday: tú vendes, tú respondes
El modelo de dropshipping está en auge y se dispara en campañas como el Black Friday. Pero muchos vendedores olvidan una realidad legal clave: aunque no fabriques ni almacenes el producto, tú eres el responsable ante el cliente final.
Si hay retrasos, fallos o el producto no llega: la reclamación va contra ti, no contra el proveedor asiático o la plataforma intermediaria. Y eso incluye devoluciones, reembolsos, garantías y reclamaciones de consumo.
Consejo UB: Si usas dropshipping, asegúrate de tener un buen contrato con tu proveedor, términos claros con el cliente y asesoramiento legal para evitar sorpresas.
Influencers: colaboraciones sin contrato = problema
Muchas marcas colaboran con influencers durante el Black Friday sin formalizar nada por escrito. Mala idea. La ley exige transparencia cuando hay colaboración comercial.
¿Lo está regalando? ¿Pagas por una story? Debe indicarse con etiquetas como #ad, #publicidad o #colaboración. De lo contrario, tanto el influencer como la marca pueden ser sancionados por publicidad encubierta.
Además, es fundamental tener un contrato de colaboración que detalle:
Objetivos de la campaña
Entregables y plazos
Cesiones de imagen y contenido
Remuneración
Consejo UB: Si vas a trabajar con creadores de contenido, hazlo con papeles. Protege tu marca y evita malentendidos.
Derechos del consumidor: lo que sí puede reclamar
En campañas como Black Friday, los consumidores mantienen intactos sus derechos, aunque haya rebajas. Y muchos no los conocen, pero los ejercen.
Estos son los más relevantes:
Derecho de desistimiento: 14 días naturales para devolver un producto sin justificación (excepto productos digitales, higiene, etc.)
Entrega en plazo razonable: Si el pedido no llega en los plazos establecidos, el cliente puede anularlo y reclamar.
Producto defectuoso o no conforme: Puede pedir sustitución, reparación o reembolso.
Consejo UB: Anticipa las reclamaciones: ten tus políticas claras, accesibles y bien redactadas. Y cumple con los plazos. La confianza también es legal.
El Black Friday es una oportunidad comercial, pero también un campo minado legal si no lo gestionas bien.
En Grupo UB Consultores ayudamos a empresas, marcas, tiendas online e influencers a preparar sus campañas con seguridad jurídica, para que vendan más sin exponerse más.
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Si eres autónomo y tienes empleados, es imprescindible que conozcas los tipos de despido autónomos. Una gestión incorrecta puede exponerte a sanciones, demandas e indemnizaciones inesperadas. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para actuar con seguridad jurídica.
Contratar a tu primer empleado puede ser un gran paso como autónomo. Pero, ¿qué pasa si necesitas prescindir de sus servicios? Muchos autónomos desconocen los procedimientos legales y tipos de despido vigentes en España. En este artículo te explicamos de forma clara y directa qué debes saber para actuar con seguridad jurídica.
Despedir siendo autónomo: lo que la ley exige
Aunque seas autónomo, si tienes empleados a tu cargo estás sujeto a la legislación laboral igual que cualquier empresa. Esto incluye el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos aplicables y las distintas modalidades de despido.
Tipos de despido según su causa
1. Despido objetivo Causas como ineptitud sobrevenida, problemas de adaptación, razones técnicas, económicas u organizativas, o absentismo continuado justifican este tipo de despido. Indemnización: 20 días por año trabajado, máximo 12 mensualidades.
2. Despido disciplinario Se produce por incumplimientos graves del trabajador: faltas repetidas, agresiones, bajo rendimiento injustificado o deslealtad. En principio no conlleva indemnización, pero sí finiquito.
3. Despido colectivo (ERE) Poco habitual entre autónomos, pero aplicable si se despide a varios empleados por causas organizativas o económicas.
Tipos de despido según resolución judicial
Despido procedente: cuando se acredita la causa. Despido improcedente: si el juez determina que no hay justificación válida. Indemnización: 33 días por año (o 45 si el contrato es anterior a 2012). Despido nulo: si se vulneran derechos fundamentales (embarazo, discriminación, etc.) → el trabajador debe ser readmitido.
Obligaciones del autónomo en un despido
Preaviso (normalmente 15 días)
Carta de despido por escrito y motivada
Pago del finiquito
Indemnización (si aplica)
En caso de despido disciplinario, no se requiere preaviso.
En resumen
Ser autónomo no exime de cumplir con las normas laborales. Un despido mal gestionado puede derivar en sanciones, demandas e indemnizaciones elevadas.
En Grupo UB Consultores ayudamos a autónomos y empresas a gestionar despidos con total seguridad jurídica. Desde la redacción de la carta hasta la estrategia legal.
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